PROYECTO DE COMPENSACION : INDONESIA
Campaña de Compensacion: BIODIESEL INDONESIO
¿Afectado por la Competencia Desleal del Biodiésel de Palma Indonesio Subvencionado?
Productores, Agricultores y Consumidores Españoles, ¡Uníos a Nuestra Campaña por un Mercado Justo y Sostenible
Biodiésel de Palma de Indonesia a Precios Artificialmente Bajos Inunda el Mercado Español. El mercado español de biodiésel se enfrenta a una grave distorsión competitiva debido a las importaciones masivas de biodiésel producido en Indonesia a partir de aceite de palma. Este biodiésel llega a España y la Unión Europea a precios artificialmente bajos, ¿la razón? Un complejo sistema de subvenciones estatales implementado por el gobierno de Indonesia
Participar en una Campaña de Compensación
Participar en una Campaña de compensación es unirse al grupo de posibles partes afectadas para facilitar la compensación de los posibles danos y perjuicios. Participar en una Campaña de Compensación no crea una relación abogado-cliente y no le compromete a ninguna obligación, tarifa o coste. Si cree que usted o su organización pueden haber sido afectados por las prácticas descritas a continuación, por favor participe. Su información nos ayudará a evaluar la magnitud del daño potencial y unir fuerzas.
Podría Tener Derecho a Compensación
Si usted o su organización se han visto perjudicados por la importación de biodiésel subvencionado de Indonesia, o si le preocupan sus efectos sobre la economía y el medio ambiente en España, le instamos a participar. Solo si nos unimos podemos exigir un mercado más justo y sostenible. Participar no le compromete a ninguna acción legal ni implica coste alguno. COCOO.uk es una sociedad benefica, no un bufete de abogados. Las afirmaciones aquí expuestas se basan en la información actual y están sujetas a una investigación más profunda.
La base para una acción colectiva reside en que múltiples entidades y/o individuos han podido sufrir un daño económico similar como resultado de una conducta común, por ejemplo el sobreprecio pagado por consumidores y empresas, es decir, la diferencia entre el precio efectivamente abonado y el precio que se habría pagado en un mercado con competencia efectiva y precios justos
Quien Somos?
COCOO.uk es una organización británica sin ánimo de lucro dedicada a la promoción de la competencia leal, la protección de inversores y consumidores, y la salvaguarda del interés público. Oscar Moya LLedo es nuestro Solicitor (Equivalente Britanico a un Abogado) y desempeña un papel fundamental en nuestra misión de promover la competencia leal y proteger los derechos de los consumidores y empresas.
Cual es la estrategia de Indonesia ?
- Gravámenes a la exportación de aceite de palma crudo cuyos fondos se destinan a subvencionar a los productores de biodiésel indonesios.
- Obligación de un alto porcentaje de mezcla de biodiésel en el mercado interno indonesio, asegurando un mercado cautivo.
- Fijación de precios internos subvencionados para el biodiésel
Como resultado, el biodiésel indonesio se vende en nuestros mercados a precios que no reflejan sus costes reales de producción, situándose incluso por debajo de los costes de los productores europeos que sí operan según las reglas del mercado. La propia Comisión Europea ya concluyó en 2019 que estas importaciones subvencionadas causaron un “perjuicio importante” a la industria de la UE, imponiendo derechos compensatorios.
Impacto en España
Una Amenaza para Nuestra Industria, Empleo y Medio Ambiente
La entrada de este biodiésel subvencionado ha tenido y sigue teniendo consecuencias devastadoras para España:
- Productores Nacionales de Biodiésel (a partir de colza, aceites usados, etc.):
- Pérdida drástica de cuota de mercado y reducción de la producción nacional, con plantas paradas o infrautilizadas en regiones como Castellón y Huelva.
- Presión insostenible sobre los precios, forzando a vender por debajo de costes y llevando al estrangulamiento financiero.
- Agricultores y Ganaderos Españoles:
- Reducción de la demanda de cultivos energéticos nacionales (como la colza) y de aceites usados recogidos, afectando sus ingresos y la viabilidad de una agricultura sostenible orientada a la bioenergía.
- Trabajadores del Sector:
- Pérdida de empleos en plantas de biodiésel y en sectores agrícolas y de recogida de residuos asociados.
- Consumidores y Sociedad Española:
- Daño Medioambiental: El biodiésel de palma indonesio suele tener una mayor huella de carbono y está asociado a riesgos de deforestación, desplazando a opciones más sostenibles producidas localmente. Esto va en contra de nuestros objetivos climáticos (Ley 7/2021) y los intereses de los consumidores en una transición ecológica real.
- Riesgo Futuro: La desaparición de productores locales podría llevar a una dependencia de importaciones subvencionadas y a un encarecimiento de precios si estas subvenciones cambian o desaparecen, afectando la seguridad del suministro.
- Pérdida de Inversión: Las inversiones públicas y privadas en el sector de biocarburantes español se ven amenazadas, con las consiguientes pérdidas económicas y sociales
Aunque las subvenciones son otorgadas por un tercer país, la importación y venta sistemática de este biodiésel a precios por debajo de los costes de mercado sostenibles, con el efecto de eliminar o dañar a los competidores nacionales, puede constituir un acto de competencia desleal que falsea la libre competencia en el mercado español, según el artículo 3 de la Ley de Defensa de la Competencia y la Ley de Competencia Desleal.
AVISO LEGAL: Las alegaciones aqui expuestas están sujetas a una investigación en curso y no han sido probadas ante un tribunal de justicia, salvo que se indique lo contrario. Toda la información proporcionada será tratada de forma confidencial de acuerdo con la normativa de protección de datos. Este documento contiene las opiniones, creencias y alegaciones de COCOO.uk basadas en la información actualmente disponible y presentadas de buena fe. Estas afirmaciones están sujetas a investigación adicional y no deben interpretarse como hechos definitivos a menos que así se establezca en un procedimiento legal
Of course. Based on a thorough review of the case documents, I have identified several potential causes of action that could be directed at public sector and government bodies. In many of these instances, private companies could be held jointly responsible for the resulting harm, either by actively participating in the distortive conduct or by benefiting from regulatory failures. This analysis is crucial for our strategy of applying pressure and seeking settlements.
Possible Causes of Action Affecting the Public Sector and Government
Our primary legal recourse against government bodies in the EU, UK, and Spain would not be for perpetrating the subsidies, but for their failure to adequately protect their domestic markets and uphold their own laws and public interest commitments.
A significant cause of action would be the failure of national competition authorities to investigate and enforce competition law. The case files lay the groundwork for a complaint that authorities like Spain’s CNMC have a mandate to remedy market distortions affecting the public interest, even those originating from foreign subsidies1111. We can argue that by allowing domestic importers and distributors to systematically sell a foreign-subsidized product below sustainable costs, these authorities are failing to prevent acts that have an equivalent effect to predatory pricing and unfair competition. A formal decision by the CNMC or the UK’s CMA not to investigate these practices could be challenged through judicial review, on the grounds that the decision is irrational or fails to consider the clear evidence of market distortion and harm to domestic industry that we can provide.
Another powerful cause of action relates to irrational or unlawful trade remedy decisions. The documents note that if the EU Commission were to allow the countervailing duties on Indonesian biodiesel to expire “without a good reason,” this decision could be legally challenged by an EU producer or an environmental group3. The same applies in the United Kingdom, where a recommendation by the Trade Remedies Authority (TRA) to remove duties could be rejected by the Secretary of State on public interest grounds, or the decision itself could be subject to judicial review4444. Such a legal challenge would argue that the decision ignores the overwhelming evidence of ongoing subsidies, the likelihood of recurring injury to domestic producers, and the conflict with overarching government policies like the UK’s Net Zero Strategy or the EU’s Green Deal
Furthermore, we can identify a cause of action in the failure to properly enforce environmental and sustainability regulations. Government bodies like Spain’s MITECO and their UK equivalents are responsible for implementing binding laws such as the EU Deforestation Regulation (EUDR)666666666. This regulation will prohibit the import of commodities linked to deforestation after 20257777. A failure by national customs and environmental agencies to conduct rigorous due diligence on high-risk imports, such as palm-oil biodiesel from Indonesia, would constitute a breach of their statutory duty. This inaction would directly harm domestic producers of sustainable biofuels and could be challenged in court to compel stricter enforcement.
Finally, there is a potential cause of action for negligent customs enforcement related to circumvention. The documents show that the EU has already investigated the transshipment of Indonesian biodiesel through China and the UK to evade duties888888888. Private companies are the primary actors in such schemes, but the customs authorities of the port-of-entry country could be held responsible for regulatory negligence if they fail to act on credible intelligence to prevent this illegal activity. Their failure to police the borders effectively allows the harm from the original subsidy to continue, making them complicit in the damage to domestic markets.
Private Companies with Joint Responsibility
Several categories of private companies could be held jointly responsible alongside public sector bodies for the harm caused.
The most direct group consists of importers and distributors within the EU, UK, and Spain. The documents suggest investigating whether these companies have engaged in anti-competitive practices by concertedly using the advantage of the Indonesian subsidy to eliminate domestic rivals999999999. We could pursue a cause of action against these firms under national competition laws, arguing that the government’s failure to stop them makes it jointly responsible for the ensuing market damage. Furthermore, these importers could be sued directly by domestic producers under unfair competition laws for selling products at prices below sustainable cost with the intent to capture the market
A second category includes logistics, trading, and transport companies that knowingly facilitate the circumvention of trade duties. These firms, which engage in transshipping Indonesian biodiesel through third countries or mislabeling the product to evade tariffs, are directly participating in fraudulent activity. While they are privately liable, the government customs agencies that fail to detect and stop this activity, despite being alerted to the risk, share in the responsibility for the harm caused to the market.
Lastly, the major fuel blenders and large oil companies who are the primary business users of biodiesel could be implicated. While they may appear to be neutral purchasers, their role is more complex. If they knowingly and systematically source illegally subsidized and unsustainable biodiesel to the detriment of a fair and competitive market, they could be seen as participants in the overall scheme. Their joint responsibility with the government could arise in contexts like public procurement, where a public transport authority, for example, might be challenged for sourcing fuel from these companies without ensuring it meets sustainability and fair-trade criteria, thereby holding both the public body and the private supplier accountable.